Alicante, 2-02-2026.

El Gobierno aprobará este mes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros al mes en 14 pagas, un total de 17.094 euros anuales. Esta es la cifra que ha acordado con los sindicatos, en contra del criterio de CEOE y que se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero. La mejora salarial se verá acompañada por un aumento de las cotizaciones sociales, de forma que las empresas destinarán un mínimo de 690 euros anuales más por trabajador que el año pasado.

El Ministerio de Trabajo decidió elevar un 3,1% el salario mínimo respecto al nivel actual por ser la recomendación que había elaborado el comité asesor para un escenario sin tributación. A diferencia de lo sucedido el año pasado, Hacienda se comprometió poco después de que se iniciaran las negociaciones a mantener exento de pagar IRPF a este umbral salarial, por lo que en las conversaciones con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME no se ha llegado a plantear una cuantía diferente.

Esta actualización del salario más bajo se va a traducir en que las empresas tendrán que desembolsar un mínimo de 23.470 euros por cada trabajador que tengan en plantilla, frente a los 22.780 euros que tenían que abonar en promedio con el SMI aprobado a comienzos de 2025. Si bien, esta es solo una referencia, puesto que la cuantía total a pagar será más elevada en los sectores que registren una mayor tasa de peligrosidad, en tanto que tienen que se les aplica un tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales superior.

La estimación realizada por este periódico parte de un tipo de cotización del 1,5% por AT y EP, que es el habitual en empleos de oficina, asesoría o despachos profesionales. No obstante, este tipo puede oscilar desde este mínimo hasta el 7,15% en función del sector económico, lo que da lugar a diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social que tienen que hacer unas y otras empresas. Según la patronal, la media ponderada de este tipo es del 2% mientras que sus estimaciones suelen usar el 3%.

Al igual que los porcentajes por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que se ha subido ligeramente con el inicio de año-, la cotización por accidentes se aplica sobre la base mínima de cotización que crece con el SMI, en tanto que es igual a este salario y una sexta parte. Actualmente esta referencia base por la que tiene que cotizar cualquier compañía es de 1.381,2 euros y con la aprobación del incremento señalado, crecerá a 1.416.

El resultado es que las empresas abonarán un promedio de 6.375 euros al año en cotizaciones por cada trabajador que perciba el SMI, 173 euros anuales más que un año antes, de manera que el grueso del incremento de costes laborales irá directo a los ingresos de los trabajadores (518 euros anuales). El MEI es el único de los parámetros de cotización que se ha incrementado, por lo que el grueso de la diferencia viene por la ampliación de la base mínima.

Deducción para el IRPF

Los interlocutores reunidos en la mesa de negociación del SMI y el Ministerio de Trabajo avanzaron que la intención de Hacienda era volver a aplicar el método aplicado en 2025 y crear una nueva deducción que permita que los trabajadores en este rango salarial no tributen. El propio departamento de María Jesús Montero ha trasladado su intención de hacerlo, si bien, todavía no ha dado detalles sobre cuánto se ampliará la deducción creada el año pasado para realizar este ajuste sin elevar el llamado mínimo exento.

Los Técnicos de Hacienda publicaron un comunicado el viernes en el que estimaban que la deducción ascendería a 592 euros para evitar que los solteros sin hijos que cobran el SMI tuvieran que pagar IRPF. GESTHA volvió a posicionarse en contra de esta solución provisional, por la que mes a mes se retiene al trabajador y se le devuelve al hacer la Renta y reclamaron incrementar el mínimo exento para ello. Además, estimaron en 200 millones la pérdida de recaudación por la decisión de dejar el SMI exento de tributar.

Las ETT alertan que la revisión de nóminas de enero costará 3 millones

Todavía no se conoce la fecha en la que el Gobierno materializará este incremento, pero una vez concluido el mes de enero, su aprobación conduce a la revisión de millones de nóminas de los trabajadores que se sitúan en este umbral salarial. Este proceso lleva asociado un coste económico (pago de cotizaciones y de diferencia salarial) pero también administrativo, en tanto que las compañías tienen que movilizar una serie de recursos para enmendar los pagos ya efectuados en el primer mes del año.

La patronal de las ETT y las Agencias de Empleo, ASEMPLEO, advirtió en un comunicado de que el coste total de esta revisión no es despreciable. “El retraso de la publicación oficial del nuevo SMI para 2026 y su aplicación retroactiva desde el 1 de enero puede tener un sobrecoste administrativo de 2,9 millones de euros para las empresas del país” señalaron, de acuerdo con las cifras manejadas por su centro de estudios.

Para el sector de las ETT en concreto, estimaron que tendría un coste de 690.000 euros, con las complicaciones asociadas que lleva el hecho de que parte de los trabajadores no continúen en la misma empresa. “El recálculo implicaría un tiempo adicional de gestión estimado en 14 minutos por cada caso, un precio hora de consultoría de nóminas de 57 euros y un coste unitario de recálculo de 13,30 euros” explican, lo que tendrá una especial incidencia en sectores de alta rotación del personal como el de las ETT.

“La dificultad real de repercutir el coste administrativo sobre el cliente final afecta a los márgenes y a la productividad del sector, penalizando la competitividad de empresas que ya operan con exigencias muy altas y de cumplimiento normativo” argumentó el presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas.

Es por ello que la organización, que forma parte de CEOE, demandó que la entrada en vigor del nuevo SMI se retrasase hasta la fecha en el que sea aprobado, en lugar de aplicarse desde el inicio del año. En este sentido, defendieron que el hecho de que las empresas puedan saber con antelación la normativa que se va a aplicar y estimar sus costes es imprescindible.

Fuente; eleconomista.es