Alicante, 22-03-2021.
EN MAYO SE ABRIRÍAN YA LAS CONVOCATORIAS
Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno espera que los autónomos estén cobrando las nuevas ayudas directas “durante el verano”. A partir de mayo, las comunidades podrían abrir ya las convocatorias.
El Gobierno ha avanzado el plazo en el que prevé que los autónomos empiecen a cobrar las nuevas ayudas directas. Si bien las transferencias a las comunidades, que son las encargadas de repartir estas subvenciones, se harán a lo largo del mes de abril, las autonomías tendrán todavía que abrir las convocatorias, fijar los plazos de solicitud y pagar a cada beneficiario la cuantía que le corresponda, entre los 3.000 y los 200.000 euros fijados por ley.
Como ya avanzó este digital, serán los gobiernos regionales, con los fondos que les sean asignados, los que pagarán a sus negocios las ayudas directas y, además, podrán modular y añadir los criterios de concesión que consideren oportunos en función de los recursos de los que dispongan. Es probable que la intermediación de las autonomías, como es lógico, retrase un tiempo más de lo que cabía esperar el proceso. No obstante, según apuntó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en una entrevista a la Cadena Ser, se espera que los autónomos “ya estén cobrando durante el verano”.
Aunque el verano parezca un horizonte lejano para miles de autónomos, que llevan más de un año aguantando cierres decretados y grandes caídas de facturación sin verdaderas ayudas directas que cubran sus pérdidas, lo cierto es que la organización del reparto de estos fondos exige por fuerza unos tiempos mínimos. Y, según los expertos, si de verdad se recibieran estas ayudas en verano, el timing no sería tan amplio como parece, teniendo en cuenta que las subvenciones en España al emprendimiento o al autoempleo han llegado a tardar en algunos momentos hasta dos años en llegar a los bolsillos del solicitante.
A partir de mayo, las comunidades empezarían a abrir convocatorias
Aún con todo, los sectores y las organizaciones del colectivo exigen en estos momentos excepcionales, plazos también excepcionales, y que las ayudas lleguen lo antes posible para que no haya más autónomos que se queden por el camino. Según explicó la ministra de Hacienda, “nosotros -el Gobierno- nos hemos autoimpuesto un plazo de un mes para poder hacer la transferencia económica, es decir, la asignación y la transferencia a las comunidades“. Ahora bien, ahí no terminaría el recorrido de estas ayudas: luego, “firmaremos con cada una de ellas los convenios que nos permitan que se haga una situación similar -de concesión- en el conjunto del territorio”. Y, por último, ” las CCAA podrán empezar a hacer las convocatorias”.
A partir de abril, que es cuando se realizará la transferencia de los 7.000 millones de euros, la pelota estará en el tejado de cada autonomía, y dependerá de la gestión de los Ejecutivos regionales que estas ayudas lleguen con mayor o menor celeridad a sus autónomos.
Tampoco hay que olvidar que el número de empresas afectadas y potenciales beneficiarios no será el mismo en las islas o la costa, que en otras comunidades como, por ejemplo, País Vasco o Aragón, por lo que esto también podría afectar a la rapidez con la que las autonomías paguen las ayudas a sus negocios.
La apertura de convocatorias empezará probablemente en mayo. Y a partir de ese momento, “la perspectiva de poder recibir las ayudas, y conocer las cantidades que les corresponden, ya será un balón de oxígeno para las empresas de cara a acudir a las entidades financieras u otros entornos con ese compromiso de los diferentes gobiernos”, aseguró la ministra de Hacienda.
Mientras tanto habrá otras medidas para ayudar al colectivo
Además, las ayudas directas no son las únicas medidas de las que pueden disponer los autónomos en estos meses. Para ayudar a los negocios a hacer frente al pago de sus créditos y que la devolución de estos préstamos no ponga en riesgo la viabilidad de su negocio, el Real Decreto aprobado por el Gobierno también reserva un fondo de 3.000 millones dirigido exclusivamente “para que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera con aval público”, según avanzó la vicepresidenta y ministra de asuntos económicos, Nadia Calviño, tras la aprobación del paquete de 11.000 millones.
Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.
Al parecer, la idea del Gobierno es que, sobre la base del análisis del cliente que ya están haciendo las entidades financieras, se puedan acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
Por último, se podría “permitir la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia”, según comunicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Al parecer, será “la entidad financiera la que decida si el cliente está en una situación en la que necesite alguna de estas tres medidas, y cuál sería la apropiada, según los resultados de su análisis de riesgo”, explicaron fuentes oficiales a este digital.
Las CCAA podrán “añadir” nuevos criterios para conceder las ayudas
En cuanto a las ayudas directas, una vez se hagan las transferencias, las comunidades autónomas podrán “modular” en sus respectivas convocatorias los requisitos de acceso a las subvenciones.
Cabe recordar que el real-decreto ley que regula estas medidas establece una serie de indicadores de elegibilidad que permitan garantizar que las empresas que acceden a las ayudas hubieran sido viables antes del Covid-19 y que se hayan visto afectados por la pandemia. No obstante, en la memoria se apunta a que en el caso de la ‘Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas’, las comunidades autónomas “podrán modular estos requisitos”.
Por su lado, la ministra de Hacienda insistió también en este sentido y recordó las competencias que podrán tener las comunidades a la hora de decidir qué autónomos pueden o no acceder a las ayudas, y qué cuantía pueden percibir, siempre en el marco de requisitos fijado por el Gobierno. Después de hacer las transferencias, ” firmaremos con cada una de ellas los convenios que nos permitan que se haga una situación similar -de concesión- en el conjunto del territorio. Aunque es bien sabido que las CCAA pueden incorporar una parte de progresividad en esos tramos, o criterios añadidos a los que el Gobierno ha aprobado”, dijo Montero.
Si bien es cierto que el decreto del Gobierno precisa ya las cantidades que podrá percibir cada beneficiario, lo hace en todo momento hablando de “mínimos” y “máximos”, por lo que es probable que las comunidades, conforme a su asignación de fondos y el número de solicitantes que cumplan los requisitos previstos en la normativa, puedan considerar si otorgar más o menos cantidad a cada beneficiario en función de los recursos de los que dispongan, y siempre dentro de la horquilla y requisitos marcados por el Gobierno central.
Por ello, en los últimos días se han sucedido las quejas de algunas comunidades autónomas, como la junta de Castilla y León, porque a su parecer, saldrán “perjudicadas” en el reparto de los fondos. Aún con todo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos a este diario, lo cierto es que, para la asignación de dinero a cada autonomía, se han tenido en cuenta “los mismos criterios que Europa consideró para repartir los fondos a los diferentes estados miembros”.
Criterios de concesión de fondos a las CCAA
Como ya avanzó este diario, a la hora de considerar las necesidades de las distintas empresas y territorios para asignar los fondos, el Gobierno decidió otorgar una mayor cantidad de recursos a las Islas Baleares y Canarias, ya que “resulta evidente el impacto diferencial de la pandemia sobre ellas, debido al alto peso del sector turismo en los archipiélagos”, según apuntó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la rueda de prensa posterior a la aprobación de las ayudas.
Por ello, la nueva línea de 7.000 millones de euros a las empresas y autónomos de sectores más afectados tiene dos compartimentos: “un primer compartimento de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo Canarias y Baleares, a repartir con los mismos criterios que se estableció en los fondos de REACT-EU – impacto de la pandemia, desempleo y PIB”. Y, por otro lado, ” un segundo compartimento con 2.000 millones de euros para empresas de Canarias y Baleares, atendiendo así al mayor peso en su economía de los sectores más afectados por la pandemia”, añadió Calviño.
La anterior propuesta de reparto de los fondos, que se seguirá también con las nuevas ayudas, fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Así, se tienen en consideración tres indicadores:
- El primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de cada Comunidad Autónoma. Este indicador tiene un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total.
- El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación.
- El tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años), tiene un peso del 1/9 de la asignación total.
Así pues, es probable que sólo en Andalucía (20,5%); Cataluña (18,8%), Comunidad de Madrid (14,2%) y Comunidad Valenciana (13,8%) se concentren aproximadamente un 67,3% de los fondos
Fuente; autonomosyemprendedor.es