Alicante, 9-09-2021.
ENVIARON ÉSTA Y OTRAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA FISCAL
Los inspectores de Hacienda propusieron al Comité de Expertos designado por el Gobierno para llevar a cabo la futura reforma fiscal que los autónomos y empresas que hayan manipulado sus cuentas tengan vetado el acceso a las ayudas públicas.
El Gobierno quiere llevar a cabo muy pronto una reforma fiscal cuyas líneas maestras fueron enviadas hace meses a Bruselas, y que pretende “adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, subiendo determinados impuestos y haciendo algunos cambios en nuestro sistema tributario para salir cuanto antes de la crisis. Para ello, se pusieron encima de la mesa varias alzas que estudiará el comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para que -la mayoría de ellas- entren en vigor entre este año y 2023.
Sin embargo, determinadas asociaciones también quisieron aportar algunas propuestas para esta próxima reforma fiscal, a través de una serie de alegaciones al comité de expertos. Una de estas organizaciones son los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que trasladaron algunas propuestas que afectarían a los autónomos y empresas defraudadoras, como que los negocios que cometan fraude con Hacienda tengan que devolver las ayudas recibidas, o que no puedan solicitar subvenciones durante un periodo de tiempo.
En este sentido, piden que se sancione con multas más allá de lo tributario a las actividades que falseen los requisitos para acceder a una convocatoria de ayudas. “Fundamentalmente, esto va dirigido a grandes empresas -también las hay pequeñas- que acostumbran a modificar sus ingresos y gastos para dar pérdidas y así, por un lado, pagar menos en sus declaraciones y, por otro, poder cobrar determinadas ayudas. Esto se ha multiplicado con la crisis del coronavirus, dónde se han puesto en marcha centenares de subvenciones autonómicas y provinciales, o prestaciones como el cese de actividad que exigían una determinada caída de la actividad”, explicó Julio Ransés, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Según Ransés, este modus operandi es tan sencillo de llevar a cabo por los defraudadores, como “injusto” para los demás negocios que sí necesitan los recursos públicos y no eluden sus obligaciones con el Fisco. Se trata, básicamente, de negocios que manipulan sus cuentas para poder acceder a las ayudas: puede darse el caso de que declaren más ingresos -algunas convocatorias exigen unos mínimos de viabilidad-, pero lo más habitual es que declaren más gastos. “Esto sucede desde hace mucho tiempo, pero tenemos la sensación de que, con la crisis, se han multiplicado los casos”.
Los inspectores piden excluir de las ayudas a quienes mientan en sus cuentas
De este modo, si en las convocatorias se exigen unos requisitos mínimos de viabilidad, como sucede por ejemplo en las famosas ayudas directas, estos negocios hinchan sus resultados para poder acceder a ellas. Una forma muy sencilla de hacerlo -que también es muy fácil de descubrir por la inspección-, sería atrasar las facturas a otro ejercicio o trimestre para aumentar los ingresos en ese periodo. Pero, esto, sería el caso menos habitual.
Si, como ha ocurrido en la pandemia, se exige una gran caída ingresos o un tope máximo de facturación, hay empresas que ‘hinchan’ sus gastos y ocultan parte de sus ingresos en las declaraciones. “Esto se suele hacer con deducciones mal practicadas de gastos personales u ocultando ingresos. La práctica, además de ilegal, es doblemente perniciosa ya que estos negocios no sólo cobran recursos públicos que no les pertenecen y se los quitan a otros que sí los necesitan, sino que, además, estarían pagando menos impuestos“, añadió el presidente de IHE.
Según el documento de propuestas y sugerencias enviado a la Comisión de expertos de Hacienda, los inspectores piden “establecer un sistema enérgico de represión normativa frente al problema general del fraude, como exigir la devolución de las ayudas, inhabilitar durante un cierto periodo de tiempo para la concesión de ayudas futuras” o “sancionar con la pérdida temporal de derechos al uso de servicios públicos”.
Según la asociación de inspectores, el régimen sancionador de las infracciones fiscales que pueden cometer los negocios no está siendo todo lo eficaz que debería. Piden, por ejemplo, que se pongan a disposición de todas las administraciones -a cualquier nivel- bases de datos suficientes como para que éstas conozcan todos los datos de los solicitantes de las ayudas: desde sus deudas pendientes, hasta el número de ayudas que han pedido a otras administraciones y posibles indicios de fraude.
Una norma que vete el acceso a todas las subvenciones a los defraudadores ‘reincidentes’
A pesar de todo, lo cierto es que ya hay una norma que recoge la posibilidad de vetar el acceso a ayudas públicas a los defraudadores reincidentes o que hayan cometidos infracciones muy graves. El artículo 186 de la Ley General Tributaria prevé esta posibilidad de que cuando se cometan infracciones que acarreen sanciones de más de 30.000 euros y de forma reincidente, se pueda perder la “posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave”.
No obstante, esta norma se utilizaría en casos muy excepcionales y, además, no estaría vetando el acceso a todas las ayudas. Por ello, según Ransés, ” es necesario ampliar la ley para que realmente disuada a las empresas que manipulan sus cuentas para acceder al dinero público, y penalice a los que ya lo hayan hecho. Normalmente, esos empresarios acaban cerrando, salvan lo que pueden del naufragio, y dejan una deuda muy grande. Luego vuelven a crear una nueva empresa para repetir la misma operación. A veces, incluso con el único objetivo de acceder a este tipo de subvenciones”.
La pandemia ha podido cambiar los métodos para engañar a Hacienda
Durante la crisis por el coronavirus, los inspectores han podido observar también cómo la forma de defraudar al Fisco ha cambiado entre los negocios. “Antes, lo más habitual para eludir el pago de impuestos entre los pequeños negocios era intentar cobrar lo máximo en efectivo y no declarar ese dinero. El método es muy sencillo, pero cada vez se está volviendo más complicado. Tenemos la sensación de que este fraude sigue entre nosotros, sobre todo, en actividades de cara al público, pero se está complicando cada vez más por el creciente uso de tarjetas de crédito y otros medios fáciles de vigilar“, dijo el presidente de los Inspectores de Hacienda.
A pesar de todo, el fraude no ha desaparecido con la pandemia, “ni mucho menos. Simplemente se han reducido las vías para defraudar. Antes, los pequeños negocios podían, o bien declarar menos ingresos ocultando sus ventas, o bien declarar más gastos. Ahora, muchos autónomos sólo puedan defraudar con la segunda de estas vías”.
Por ende, avisó Ransés, no sería de extrañar que, tras la pandemia, “nos encontremos con cada vez más frecuencia a negocios que inflan sus deducciones, incluyendo gastos de muy difícil justificación en las principales declaraciones: IVA, IRPF y Sociedades“.
Otras medidas que proponen los inspectores de Hacienda
Precisamente para reducir las posibles vías de fraude, los inspectores de Hacienda enviaron otras propuestas a la Comisión de Hacienda. Entre ellas, destacan aquellas que van dirigidas a reducir, todavía más, el uso de efectivo.
- Limitar aún más de los pagos en efectivo. Proponen que se establezca como no deducibles fiscalmente aquellas operaciones que se hagan en metálico.
- La retirada de los billetes de 200 euros y de 500 euros.
- Mejorar la labor inspectora, permitiendo la colaboración entre la Inspección de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social y la de la Agencia Tributaria.
- Sugieren la introducción de nuevos criterios de coste-beneficio a la hora de evaluar los beneficios fiscales más relevantes para las actividades concretando los sectores y actividades que se verán beneficiados.
- Plantean la “supresión escalonada” tanto del sistema de tributación módulos en IRPF, como el régimen simplificado de IVA. Y eliminar la posibilidad de que se pueden acoger a estos regímenes todas aquellas actividades que no operen al consumidor final.
- Establecimiento de un sistema simplificado de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, que facilite su llevanza.
- Que se incremente el número de controles fiscales sobre la pequeña y mediana empresa (pyme).
- Extender a más pequeños empresarios el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).
- La creación de una Policía Fiscal centrada en la detección de actividades económicas ocultas -como el blanqueo de capitales – que favorecen el fraude tributario.
- Reducir los plazos en la tramitación de la vía Contencioso Administrativa, junto con la creación de Juzgados especializados en delitos económicos
- La puesta en marcha de un Plan Integral, con otras entidades, para luchar contra la economía sumergida.
Fuente; autonomosyemprendedor.es