Alicante, 21-12-2022.
- Aprueba la adenda del plan y anuncia un Perte para descarbonizar la industria
- Modifica varios hitos y reformas, sin cambiar la fiscal ni la de pensiones
El Gobierno va a por todas en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la adenda al plan recién aprobada por el Gobierno va a movilizar los casi 87.000 millones en préstamos concedidos a España, además de los 7.700 millones en transferencias no reembolsables adicionales que ya fueron otorgados en junio, pero que dependían de la referida adenda. En conjunto, una movilización de 94.300 millones de euros adicionales para sumar 160.000 millones en total.
Los créditos incluyen 2.600 millones procedentes del programa Repower EU que irán a programas relacionados con la transición ecológica. Buena parte de los 84.000 millones restantes en préstamos, por su parte, tienen como destino reforzar los 11 planes estratégicos (conocidos como Perte) en marcha, a los que se sumará uno nuevo para la descarbonización de la industria, que será aprobado la próxima semana.
En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.
El proyecto del Gobierno va encaminado a asegurar la autonomía del país en cinco ejes principales: digitalización y ciberseguridad, tecnología, energías renovables, industria y sector agroalimentario; si bien también se refuerzan otros ámbitos como el de la salud.
El Perte Chip, por ejemplo, será el principal receptor con casi 12.000 millones recibidos a través de la adenda, la práctica integridad de los 12.250 millones de presupuesto del programa. La mayoría de estos se harán en formato de préstamo, según explicaron fuentes gubernamentales.
El Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento se reforzará en 10.400 millones de euros; el Perte del vehículo eléctrico lo hará en 4.295 millones de euros y el Perte de descarbonización de la industria, que se aprobará antes de terminar el año, recibirá 3.100 millones de euros.
Calviño tiene previsto exponer el contenido de la adenda este jueves en el Congreso de los Diputados y adelantó que será presentada ante las autoridades comunitarias a primeros de 2023. El Ejecutivo prevé canalizar los créditos a través de 12 fondos, de los que ocho serán de nueva creación y cuatro están ya activos. Entre las principales partidas, 20.000 millones irán a inversiones en sostenibilidad promovidas por las comunidades autónomas, mientras que 15.000 millones van a apuntalar fondos del ICO para préstamos sostenibles y financiación a pymes.
Reformas e hitos
La agenda aprobada por el Gobierno incluye también un programa de reformas complementarias a las ya desplegadas desde el año 2020. Se trata, explican fuentes del Gobierno, de 30 reformas, “algunas de las cuales incluyen varias actuaciones y modificaciones sobre las ya comprometidas, que dan cumplimiento a las recomendaciones específicas para España en el marco del semestre europeo”.
Según estas fuentes, la adenda no incluye cambios relativos a la controvertida reforma de pensiones –cuya segunda fase sigue negociándose– ni a la reforma fiscal. Están vinculadas, en cambio, a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, destacando las dirigidas a acelerar el despliegue de las energías renovables. Asimismo, se incluyen algunas orientadas a mejorar la inserción laboral e impulsar la cualificación y recualificación de los trabajadores.
En paralelo, la adenda incluye la modificación de determinados hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación debido a “circunstancias objetivas que dificultan su cumplimiento”. Las mismas fuentes gubernamentales sostienen que esto es algo “previsto en el reglamento y algo que están haciendo varios países de la UE, como Alemania”. Una de las razones del cambio de calendario obedece a “retrasos en inversiones provocados por la inflación y los cuellos de botella. Es algo previsto y normal”, insisten las fuentes del Gobierno, que prometen que España cumplirá “en tiempo y forma” para ejecutar el plan al completo. Esto supondría tener todas las transferencias comprometidas en agosto de 2023 y todos los fondos ejecutados en 2026. “Estamos seguros de que cumpliremos los plazos”.
Eso sí, las mismas fuentes gubernamentales, conscientes del bajo ritmo de ejecución registrado hasta la fecha, insisten en que convendría reflexionar a nivel comunitario sobre el calendario aprobado entre los Estados miembros y la Comisión. “A la vista de la ejecución general en Europa convendría reflexionar sobre si el plazo de 2026 no es muy justo. También, porque hay países que acaban de aprobar su plan. Aunque nosotros estemos más avanzados nos preguntamos si sería bueno retrasar el plazo de ejecución”, añaden.
Tres puntos más de PIB hasta 2031
El plan de recuperación español incluye algo más de 160.000 millones de euros de fondos europeos, contando todas las transferencias y los préstamos. La vicepresidenta Nadia Calviño recordó ayer que el impacto de las inversiones elevará el PIB español en tres puntos porcentuales hasta 2031. La número dos del Gobierno también aprovechó su comparecencia para subrayar que la ejecución de los fondos ha tomado velocidad de crucero, con un ritmo de 2.000 millones mensuales en convocatorias.
España tiene solicitado el tercer pago de las transferencias a la Comisión Europea por importe de 6.000 millones, vinculados al cumplimiento de 23 hitos y seis objetivos a lo largo del primer semestre de 2022. Esta cifra se sumaría a los 31.036 millones de euros ya recibidos (prefinanciación, primer y segundo desembolso), quedando pendiente obtener la evaluación positiva por parte de la Comisión Europea para este tercer tramo. La última información que maneja el Gobierno habla de la asignación de 26.600 millones a las comunidades autónomas. A 30 de noviembre se han licitado obras o convocado ayudas por 22.000 millones, de las que la Administración Central ha colocado 18.700 millones, y las CC AA los otros 3.400 millones. Diversos estudios, sin embargo, aseguran que a la economía real han llegado menos de 10.000 millones.
Fuente; cincodias.elpais.com