Alicante, 3-07-2023.
- Las ETT reciben el 11% de las cartas a razón del 51% de los casos
- Los inspectores ven una “contradicción” por parte de Trabajo con estas campañas
El Ministerio de Trabajo ha enviado, a estas alturas de 2023, un total de 41.290 cartas a empresas a causa de malos usos contractuales. Estas cartas afectan a unos 140.000 contratos, según fuentes del Ministerio consultadas por elEconomista.es, de los cuales 90.000 corresponden a fijos discontinuos, lo que supone el 64% del total de relaciones laborales que se estudian.
A cierre del mes pasado, el número de fijos discontinuos dados de alta en la Seguridad Social, rondaba los 1,1 millones, lo que supondría que un 8,2% de los trabajadores en activo sujetos a esta modalidad contractual están siendo investigados por el Ministerio, aunque las cifras están aupadas por el inicio del periodo estival en el que se incorporan muchos fijos discontinuos que se encontraban inactivos.
Así, el Servicio Público de Empleo Estatal anotó un total de 623.084 nuevos contratos indefinidos firmados en mayo. De estos, el 37,6% fueron fijos discontinuos, más de 234.000.
Mientras tanto, Díaz continua sin cumplir su promesa de aportar los datos desagregados de estos contratos, que no trabajan pero no se cuentan como parados. El Ministerio prometió a principios de 2023 un sistema del que, seis meses después, sigue sin haber noticias.
La explicación recurrente dada por su número dos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, a este retraso es la complejidad de este recuento, cuya responsabilidad comparten con las comunidades autónomas.
En cualquier caso, desde el Ministerio de Trabajo siempre han tratado de esquivar el problema bajo el pretexto de que los fijos discontinuos son un porcentaje residual del total del empleo y de los asalariados, ya que suponen el 4,5% y el 6,5%, respectivamente.
Por eso resalta que el 65% de relaciones contractuales que se investigan en las empresas, por irregularidades y malos usos, a estas alturas de 2023 se concentre en un porcentaje del empleo que, según el departamento de Díaz, es tan reducido que ha sido calificado de “despreciable“.
El foco en las ETT
Son las empresas de trabajo temporal (ETT) las que más sufren este tipo de campañas programadas por la ministra, Yolanda Díaz. Como ya publicó este medio, las ETT han recibido 4.600 cartas en relación a un total de 46.000 relaciones laborales. Es decir: reciben el 11% de las cartas enviadas por Trabajo pero aglutinan el 51% del total de los empleos investigados.
Las ETT, mediante la patronal de las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal (Asempleo) reprocharon a la ministra, a través de un comunicado a finales de marzo, que anunciara “en un acto político” una campaña para verificar la “correcta utilización” de la contratación fija discontinua en el sector al margen del diálogo social.
La organización que preside Andreu Cruañas criticó que la vicepresidenta segunda diera a conocer la nueva actuación en un mitin electoral de su formación Sumar y no “a través de los órganos y canales establecidos para la participación institucional de los interlocutores sociales”. Esto es, el Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
“El sector de las ETT es el primer interesado en asegurar el cumplimiento estricto de la normativa vigente“, advierte la patronal, integrada en la CEOE, que señala que hasta ahora las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han venido desarrollando “con total normalidad y regularidad y con la colaboración activa de las propias ETT y de Asempleo”.
A vueltas con la Inspección
La Inspección de Trabajo, que se encuentra en conflicto con Trabajo, Función Pública y Seguridad Social por el bloqueo del refuerzo a la organismo y que tiene previsto el inicio de su huelga a partir del 26 de junio, cuenta a elEconomista.es que desde el Ministerio confían en “la responsabilidad de los trabajadores de la Inspección y esperan que como hasta ahora nos sobrecarguemos de trabajo”.
Para los inspectores, estas campañas, suponen una “contradicción” por parte de Trabajo. “No nos mejora y no cumple lo pactado, pero pretende seguir incrementando la carga de trabajo cada día“, se aquejan, y exigen que primero se cubran “las necesidades de personal, condiciones de trabajo y medios” antes de incrementar las tareas.
La inspección hace una labor de investigación “que lleva su tiempo” y cada orden de servicio que se creará con cada carta conlleva un trabajo administrativo y la correspondiente sanción. “Puedes hacer lo que quieras si la sanción caduca en la mesa del administrativo por falta de personal”, advierten.
Fuente; eleconomista.es