Si hay un sector que ha multiplicado su trabajo durante la pandemia no ha sido otro que el de asesorías y despachos profesionales. Son los encargados de “llevar los papeles” como se suele decir coloquialmente de muchas empresas. Y por lo tanto han sido los que han tenido que tramitar ERTES, créditos ICO, solicitar aplazamientos de impuestos, etc. Y se encuentran entre dos frentes, las asesorías y despachos pasan de sufrir el colapso del SEPE al malestar de sus clientes por cambios de criterio de dicho organismo.
Y lo que es peor, este aumento de trabajo en muchos casos no se traduce en una mayor facturación. Es muy complicado cobrar por este trabajo extra a las empresas, cuando muchas de ellas están con su futuro en el aire. Asumen su parte y buscan conservar el cliente antes que facturar extra por este exceso de trabajo que muchas veces no se encuentra contemplado en sus tareas.
Cambios de criterio constantes y nadie para revisar lo ya presentado
Pero el principal inconveniente está en los cambios de criterios de la administración. Una administración colapsada, que hoy está pidiendo a las empresas que envíen los datos de los trabajadores afectados por un ERTE con un modelo de hoja de cálculo y mañana lo cambia a otro diferente. Y como no tienen a nadie para revisar, para hacer el trabajo de supervisión que tiene que hacer la administración, los trabajadores afectados acaban por no cobrar por este cambio de criterio.
¿A quién reclaman? Como con el SEPE no se puede hablar al final acaban volcando su frustración con la asesoría que ha presentado el ERTE con el modelo vigente en ese momento. Y esto no ha pasado solo una vez, ha pasado varias veces. El principal problema es que la administración no tiene personal, o el que tiene no tenía la formación para tramitar los ERTES.
Sin el concurso de asesorías y despachos el colapso del SEPE habría sido mucho mayor y el problema social generado inmenso
Tampoco tiene la flexibilidad suficiente como para derivar rápidamente recursos humanos de un área a otra. Ni una estrategia adecuada para apoyarse en las asesorías y despachos, que al fin y al cabo son los que acaban realizando la mayor parte del trabajo. Una mejor coordinación entre administración pública y gestores habría generado menos errores y mucha más agilidad en los cobros.
Pero claro, para eso tenemos que considerar a los gestores, asesorías o despachos como aliados, como socios estratégicos que ayudan a que la administración funcione mejor. Y esto implica en muchos casos ceder en algunos aspectos. Y la administración, en general toda ella no solo el SEPE, es muy reacia a perder cuotas de control.
A mi modo de ver para que la administración electrónica funcione mucho mejor de lo que lo hace ahora debe dejar de trasladarse exclusivamente al administrado la responsabilidad. El primer interesado es la propia administración, que no quiere que el ciudadano, ni las empresas tengan que pasar por la “ventanilla” y es mucho más económico para ellos que lo presenten todo telemáticamente. Pero para eso tienen que poner de su parte. Mucho más de lo que hacen ahora.
Fuente; Pymesyautonomos.com