Alicante, 20-06-2022.
El Gobierno ante las circunstancias excepcionales producidas por la crisis económica derivada del coronavirus puso en marcha una moratoria para que las empresas no tuvieran la obligación de declarar concurso de acreedores cuando presentasen una situación de insolvencia. Tampoco se tendrían en cuenta las peticiones de sus acreedores.
El objetivo era dar un poco de aire a estas empresas y que pudieran remontar con la mejora de la economía. Pero estamos a diez días para el fin de la moratoria del concurso de acreedores y muchas empresas siguen en mala situación. Por eso se espera una avalancha de procedimientos y se está pensando en poner medias encima de la mesa para remediarlo.
La nueva ley de concursal
Hablamos de más de 130.000 empresas en riesgo de quiebra, lo que además supone la pérdida de muchos empleos. ¿Se podrán salvar si les dan un poco más de tiempo?
El instrumento fundamental para evitar la avalancha de concursos a los que muchas empresas se verían irremediablemente obligados sería la nueva ley concursal. Ya debería estar lista, pero tiene que pasar demasiados trámites como para pensar que llegará a tiempo.
La ley tiene que validarse en el Congreso, que vaya al Senado y que vuelva nuevamente a las Cortes para su aprobación definitiva. Y esto en apenas nueve días hábiles se antoja, cuanto menos complicado.
Si no llega a tiempo la nueva ley, habrá empresas que se acojan a concurso con la legislación vigente y otras que lo harán apenas unos meses después con la nueva, aumentado el caos procedimental
¿Por qué es importante este instrumento? Porque supone que las empresas van a tener a través de esta ley más facilidad para llegar a acuerdos entre deudores antes de que se declare el concurso de acreedores. Esto reduciría de forma significativa el número de procesos que llegan hasta el concurso. Se dan más herramientas a las empresas en crisis para negociar condiciones y alternativas.
La otra opción es llevar las ayudas que muchas empresas han tenido a su disposición en forma de créditos, avales, de subvenciones o ayudas directas que se pusieron en marcha con la COVID a la nueva situación provocada por la guerra de Ucrania y el aumento notable de costes de materias primas básicas.
El problema fundamental es que en España los concursos de acreedores fundamentalmente acaban en disolución de las empresas. Y esto además de pérdida de tejido productivo supone pérdidas de empleos. Es lo que todo el mundo quiere evitar a toda costa. Veremos si logran o no su propósito.
Fuente; pymesyautonomos.com