Alicante, 12-12-2022.
- El diseño del IMV ha desincentivado la búsqueda de empleo
- Fedea cuestiona la eficacia de la reforma para corregirlo
- España prima los ‘seguros’ de desempleo sobre la inclusión social
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la bandera del “escudo social” lanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia. Sin embargo, su diseño y sus resultados han sido puestos en cuestión desde el primer momento ante la incapacidad para sacar a sus beneficiarios de la ‘trampa de la pobreza’.
Hasta la fecha, el IMV solo se ha concedido a 535.732 titulares, el 67% mujeres. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social los define como hogares, lo que amplía los beneficiarios a las personas que conviven con ellos y eleva la cifra a 1.495.128 personas. Solo un 25% de los titulares viven solos; el 66% tiene, al menos, un menor a su cargo.
En cualquier caso, estas cifras siguen quedando muy por detrás de los 1.735.379 beneficiarios de prestaciones, subsidios y otras rentas ligadas a la pérdida de un empleo. Y esto sin incluir las pensiones. Una diferencia que da cuenta de uno de los principales retos de la ayuda puesta en marcha en 2020.
El IMV se presentó como una alternativa a la Renta Básica Universal, pero en realidad su objetivo era resolver uno de los déficits en la protección social en España que, además, ha sido señalado recurrentemente por la Unión Europea: el grueso de ayudas estatales está vinculadas a la cotización por haber trabajado. Lo cual, en la práctica, las convierte en un ‘seguro’ sobre todo para los que acumulan largas carreras de cotización. Pero deja atrás al resto.
El IMV se desmarca de esta mecánica ligando el derecho a percibirlo a la situación de vulnerabilidad económica del titular y de su unidad familiar, medida en términos de renta. Aunque con ello se veía obligada a afrontar el desafío de la ‘trampa de la pobreza’: que una ayuda económica acabe retroalimentando el mismo problema que pretende remediar.
Es una cuestión clave en el diseño de cualquier tipo de prestación y la OCDE y la UE han dedicado varias estadísticas a analizar tanto la “trampa de desempleo” como la trampa de los “bajos ingresos”. En ambos casos se evalúa el ‘desincentivo’ al empleo que generan las ayudas al combinarse con las cotizaciones sociales y los impuestos (la denominada cuña fiscal).
Los incentivos a la pobreza
Los resultados confirman que España protege mucho a los parados y poco a las personas sin rentas. Por este motivo, el IMV fue recibido como una forma de resolver las brechas de nuestro sistema de protección social. Sin embargo, enseguida surgieron voces que alertaron que no era suficiente.
La razón era la deficiente y compleja manera de articular la compatibilidad entre el IMV y el empleo. En primer lugar, a diferencia de la prestación o subsidio por desempleo, el Ingreso no contempla una sanción por rechazar una oferta de trabajo. Por otro lado, permite compatibilizarlo con un empleo, pero sin ganancia neta: las rentas del trabajo se restan de la prestación para que el perceptor siga cobrando lo mismo, el denominado mínimo garantizado (entre 5.693 y 1.979 euros al año en 2022, según el tipo de hogar).
Además, el ajuste no es automático: se revisa en la Declaración de la Renta, un año después. Esto abre la puerta a que una persona puede cobrar “de más” un año y al siguiente, al perder su empleo, encontrarse con un recorte retroactivo en la prestación.
Para complicarlo aún más, el desincentivo no solo se limita al titular, sino que se amplía para las personas que conviven con él. Esto lleva a muchos de sus 1,4 millones de beneficiarios a aceptar trabajos parciales de poco sueldo o incluso a rechazarlos para no correr este riesgo.
Trabajar, pero no demasiado
Así, el beneficiario se encontraría en una trampa de la pobreza en la que la ayuda no le sirve de “peldaño” desde el que mejorar su situación económica y laboral. Más bien al contrario.
El Gobierno es muy consciente de esta situación y ha preparado una reforma del IMV que amplía la compatibilidad entre trabajo e IMV a partir del 1 de enero del próximo año. Con ella, se permitirá cobrar sueldos más a altos sin recorte de la prestación, lo que eleva el “mínimo garantizado”.
El director Ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha analizado en un reciente artículo la eficacia de este nuevo cálculo. Su diagnóstico es mixto: por un lado, valora positivamente el cambio, mientras que por otro lamenta la lentitud de dos años y medio para ponerlo en marcha y cuestiona que sea suficiente en todos los supuestos.
La clave es que la compatibilidad se reduce a dos años. Aunque es uno más que lo planteado inicialmente, la duración temporal del incentivo no garantiza salir de la ‘trampa de la pobreza’, ya que transcurrido el plazo se vuelve a la situación de partida.
Es decir, si ciframos el mínimo garantizado en 100, con unas rentas del trabajo de 80 solo se superaría durante dos ejercicios.
“En muchos casos, esto podría ser suficiente para que el beneficiario llegue a obtener rentas del trabajo por encima del mínimo garantizado, saliendo así del IMV y de la potencial trampa de la pobreza, pero en caso contrario no existiría un incentivo monetario para seguir trabajando más allá de dos años“, advierte de la Fuente.
La nueva reforma se suma a una larga lista de correcciones sufridas por la medida desde su puesta en marcha y que, previsiblemente, se ampliará aún más si el cambio no da los resultados que esperan el Gobierno y Bruselas
Fuente; eleconomista.es