Alicante, 27-10-2023.
- La EPA revela que el paro registrado cuenta a cientos de miles de personas que no buscan empleo
- La cifra se eleva un 48% desde que gobierna Pedro Sánchez
- Suponen el 35% de los perceptores de prestaciones por desempleo mayores de 45 años
El debate sobre las ‘prejubilaciones’ está más de actualidad que nunca no solo por el grave impacto que supone expulsar del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores a partir de edades tan tempranas como los 45 años, sino por el coste que implica para las arcas públicas. Los desempleados ‘seniors’ suponen el 57% del paro registrado y acaparan el 62% de las prestaciones. ¿Pero cuántas de estas personas están realmente buscando trabajo y cuántas están inscritas en las oficinas solo por cobrar una ayuda pública hasta poder jubilarse? El cruce entre los últimos datos de la Encuesta de Población Activa y los del SEPE arroja una brecha que en septiembre rondaría los 380.000. Un 48% más que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018.
Como explicábamos hace unos días en elEconomista.es, hay dos tipos principales de ‘prejubilaciones’: las ligadas a bajas incentivadas, las más caras y ventajosas para el trabajador, que se traducen en una dimisión, que no generan derecho a prestación por desempleo, y las ligadas a despidos, que consisten en que las indemnizaciones y compensaciones por el cese aprovechan el ‘encaje’ de prestaciones y subsidios que acompaña a los trabajadores hasta su jubilación. En ambos casos genera “inactivos” a efectos de la EPA, es decir, personas que dejan buscar empleo.
La estadística que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas contabiliza 459.000 personas en esta situación, de los que la mayoría, 453.300, tiene más de 50 años. Es el mínimo de la serie histórica, pero esto no supone una mejora de la situación: y es que según diversos expertos consultados por elEconomista.es la caída se concentra en estas dimisiones ‘de oro’, que se destinaban a los trabajadores de mayor edad pero también mejor salario. Aunque se siguen haciendo, resultan cada vez menos rentables para las empresas y solo las presentan aquellas de mayor tamaño.
Por otro lado, las ligadas a despidos aumentan. Y esto genera un problema para las arcas públicas, ya que el SEPE se encuentra con que está ‘subvencionando’ estos procesos con sus prestaciones y subsidios. Pero ¿cómo se determina este impacto a efectos estadísticos? Hay un método relativamente sencillo para calcularlo.
Para que estos ‘prejubilados’ puedan cobrar su prestación, tienen que inscribirse como demandantes de empleo y se clasifican como parados registrados. Un requisito para hacerlo es el compromiso de actividad, que implica buscar activamente empleo y no rechazar ofertas adecuadas. Pero ese requisito es fácil de sortear, ya que los servicios públicos de empleo apenas gestionan 40.000 ofertas para los 2,7 millones de parados y los 4,2 millones de demandantes.
Lo que lleva a la situación de que haya más desempleados mayores de 45 años, según el SEPE, que los que anota la EPA. El primero detectó en septiembre 1.547.028 “parados registrados”, pero la EPA solo encontró 1.168.200 desempleados, una diferencia de 378.828 parados ‘extra’ que equivale al 25,4% del paro entre los mayores de 45 años que contabiliza el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.
Hay que recordar que los datos que publica el INE provienen de una encuesta y los del SEPE de un registro, por lo que la cifra debe tomarse de una manera orientativa más que como una cifra exacta. Pero la propia existencia de esta brecha ya plantea una seria paradoja estadística: lo normal es que el INE detecte más desempleados que el SEPE, no a la inversa. El motivo es simple: muchas personas sin empleo no se inscriben en una oficina de empleo porque no han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación (o la han agotado) y no creen que les sira para encontrar trabajo.
Esto se cumple sobre todo en el caso de los menores de 25 años y los que se sitúan en la franja entre 25 y 44 años. Aunque estos últimos han tenido momentos puntuales (en 2007) en los que el paro EPA superó al del SEPE. Por el contrario, ha sido la situación habitual entre los mayores de 45 años. Y ha ido a peor desde la crisis financiera.
De hecho, pese a la mejoría económica, en los dos últimos años, que ha llevado la tasa de paro del 14% al 11,8%, la diferencia entre ambas contabilidades del paro se ha disparado un 48% respecto a junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Esta fecha es significativa por un motivo: una de las primeras medidas laborales que tomó su primer Ejecutivo fue recuperar el subsidio de 52 años que el PP había eliminado, precisamente, para dificultar las prejubilaciones con cargo a las arcas públicas. De hecho, como se aprecia en el gráfico, este recorte provocó un desplome de los parados registrados de más que se recuperó con el regreso del PSOE al Moncloa.
Prejubilar a los 52 años
Este cambio en las prestaciones es un factor clave a la hora de entender que varias empresas estén anunciando programas de recorte de plantilla a partir de esa edad, aunque también afecta a trabajadores más jóvenes (a partir de los 45 años). Y es que el esquema encadena un pacto de indemnización o compensación, que puede pagarse incluso ‘prorrateada’ mensualmente, con las prestaciones contributivas y los subsidios. Esta combinación se extiende hasta la edad de jubilación anticipada, que en 2027 se situará entre los 63 y 65 años según el caso.
En un momento en el que el paro ‘senior’ se dispara y sus oportunidades de encontrar trabajo parecen reducirse, estos mecanismos resultan más atractivos para los trabajadores que un despido convencional, y por eso la negociación con los sindicatos que abren las empresas que quieren recortar plantilla, siempre pivotan sobre ellos. Los acuerdos resultantes son legalmente complejos, sobre todo porque a la hora de presentarlos se incluye una mezcla retórica que confunde ‘bajas incentivadas’ (dimisiones) y despidos.
Pero un análisis de los datos nos señala con claridad la fórmula realmente elegida: basta con comparar los inactivos prejubilados de más de 45 años que recoge la EPA con la diferencia entre parados registrados. Y se ve que aunque el global de prejubilados ha retrocedido, los parados registrados ‘extra’ han ganado sustancialmente peso en los últimos años. En 2020, incluso superó al de los prejubilados, pero esto se debe a las ayudas al empleo durante la pandemia, que hicieron que aún más gente se apuntara al paro sin intención de ponerse a buscar empleo.
Descontando la situación excepcional de 2020 y 2021, la evolución ha sido sostenida: hay menos prejubilados pero los que se apunta al paro para cobrar la prestación se han incrementado e incluso superan los niveles previos a la crisis financiera. Ni siquiera la famosa cláusula Telefónica, que obliga a las empresas con beneficios que despidan un cierto umbral de trabajadores mayores de 50 años a compensar al SEPE por el gasto en prestaciones ha frenado la tendencia.
Uno de los motivos es que muchos despidos se hacen en empresas con pérdidas, aunque algunos expertos consultados por elEconomista.es advierten de que muchas empresas recurren a repartir esas prejubilaciones basadas en despido en tandas reducidas para sortear los límites que activan este mecanismo que entró plenamente en vigor en 2013
Un 35% de las prestaciones de paro
La cuestión es cuánto cuesta esto a las arcas públicas. La propia estadística de prestaciones del SEPE refleja que el 63,4% de los perceptores tienen más de 45 años y e 39,43% más de 55 años. La mayoría de estos, según reconoce el propio organismo, “perciben el subsidio hasta la edad de jubilación”. Pero cuantos son ‘prejubilados’ que incumplen el compromiso de actividad o desempleados que están buscando empleo sin encontrarlo. Algo difícil de discernir en un contexto en el que el peso del desempleo de este grupo de edad sobre el total del paro registrado se sitúa en un récord (incluso contando los parados ‘extra’), pese a la mejoría del empleo. Es decir, este colectivo es el que menos empleo está recuperando.
Por ello el cruce de datos entre EPA y SEPE resulta especialmente relevante. Si comparamos el número de perceptores de prestaciones mayores de 45 años en septiembre (1.071.287) con el de los parados ‘extra’, vemos que estos suponen mas de un tercio, un 35%. Porcentaje que duplica el 14% de promedio en la etapa de Gobierno de Marino Rajoy, que, recordemos, suprimió el subsidio para mayores de 52 años y elevó la edad de acceso a los 55. En los más cinco años que lleva en el poder Pedro Sánchez, este promedio ose ha mantenido en el 35,55, aunque la tasa alcanzó su máximo con la pandemia, con un 43,1% en marzo de 2021.
Precisamente, la inquietud porque el aumento de las prestaciones y, especialmente, los subsidios se estén utilizando por las empresas como una subvención indirecta a las prejubilaciones ha llegado al acuerdo para concurrir a la la investidura alcanzado por Sumar y PSOE. En él se comprometen a “simplificar y mejorar el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo”.
Es decir, dando mayores facilidades (o exigencias, según se mire) para que los parados registrados puedan cumplir ese compromiso de actividad suscrito al solicitar una prestación o subsidio. Sin ello, el pago de la ayuda puede considerarse muchas cosas, pero en ningún caso una política de empleo.
Fuente; eleconomista.es