Alicante, 16-06-2026

La propuesta, con medidas de ATA, ha sido bloqueada antes de llegar al Congreso

El Gobierno ha bloqueado, antes de llegar al Congreso, una reforma que recogía algunas de las principales reivindicaciones históricas de los autónomos, como facilitar el acceso al paro, implantar un IVA franquiciado o corregir problemas del nuevo sistema de cotización.

El Gobierno ha decidido frenar la tramitación de la proposición de ley de reforma integral del trabajo autónomo registrada por Junts en el Congreso. La iniciativa pretendía modificar aspectos clave del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), facilitar el acceso al cese de actividad, implantar un sistema de exención de IVA para pequeños negocios y reservar parte de los contratos públicos para microempresas, entre otras medidas.

La decisión se ha formalizado mediante un escrito de disconformidad remitido por el Ejecutivo a la Cámara Baja, al que ha tenido acceso este diario. En dicho documento, el Gobierno invoca el Artículo 134.6 de la Constitución para vetar la iniciativa al considerar que tendría un impacto sobre los ingresos y gastos públicos. Como consecuencia, la proposición ni siquiera llegará a debatirse en el Pleno del Congreso.

La medida ha provocado una reacción inmediata entre las organizaciones de autónomos. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, resumió su malestar en redes sociales con un mensaje contundente: “No tienen vergüenza”. Buena parte de las medidas incluidas en la propuesta llevaban años formando parte de las reivindicaciones de ATA y habían sido planteadas durante distintas negociaciones con el Gobierno.

El Gobierno ha tumbado la proposición de Junts para reformar el paro de autónomos y otras medidas

La proposición de ley registrada por Junts el pasado mes de mayo no era una modificación puntual, sino una reforma de amplio alcance que afectaba al Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley General de la Seguridad Social, la contratación pública, la fiscalidad y el sistema de cotización por ingresos reales.

Entre otras cuestiones, el texto buscaba corregir algunos de los problemas que, según las asociaciones del colectivo, siguen existiendo tras la implantación del nuevo modelo de cotización. También pretendía simplificar trámites administrativos, reducir cargas burocráticas y mejorar la protección social de los trabajadores por cuenta propia.

Muchas de estas medidas coinciden con planteamientos que ATA viene defendiendo desde hace años. De hecho, la reforma del cese de actividad fue una de las cuestiones que la organización puso sobre la mesa durante las negociaciones del nuevo sistema de cuotas y la revisión de las tablas a finales de 2025.

El Ejecutivo ha utilizado el veto presupuestario para bloquear la ley

El Gobierno ha recurrido a una herramienta prevista en la Constitución para impedir la tramitación de la iniciativa.

El artículo 134.6 establece que cualquier proposición de ley que implique un aumento del gasto público o una disminución de ingresos presupuestarios requiere la conformidad previa del Ejecutivo para poder continuar su recorrido parlamentario.

Según el escrito remitido al Congreso, la reforma planteada por Junts tendría consecuencias económicas para las cuentas públicas, tanto por la ampliación de determinadas prestaciones como por las modificaciones tributarias que incorporaba.

Al tratarse de una disconformidad formal del Gobierno, la Mesa del Congreso previsiblemente aceptará el veto y la iniciativa quedará archivada sin llegar a debatirse.

La propuesta no llegará al Congreso

La consecuencia práctica es que los diputados no podrán discutir ni votar el contenido de la reforma.

Es decir, el Congreso no debatirá si los autónomos deberían acceder con más facilidad al cese de actividad, si debería implantarse un IVA franquiciado para pequeños negocios o si tendría sentido reservar una parte de la contratación pública para autónomos y microempresas.

Es decir, la ley queda bloqueada antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.

Mejora del acceso al paro, exención de IVA y otras medidas que incluía la reforma para autónomos

La medida estrella de la proposición era la reforma del denominado paro de los autónomos.

Actualmente, para cobrar la prestación por cese de actividad, los trabajadores por cuenta propia deben acreditar pérdidas económicas, caídas de ingresos o determinadas circunstancias excepcionales mediante documentación contable y fiscal compleja.

Según denuncian las asociaciones del colectivo, este sistema provoca que alrededor de siete de cada diez solicitudes terminen siendo rechazadas.

La propuesta de Junts pretendía cambiar radicalmente este modelo. Bastaría con causar baja definitiva en Hacienda y cerrar o transmitir el negocio para acreditar la situación legal de cese de actividad.

En la práctica, la prestación habría pasado a funcionar de forma muy similar al desempleo de los trabajadores asalariados, eliminando buena parte de las trabas actuales.

Un IVA franquiciado para pequeños negocios

Otro de los cambios más relevantes era la implantación en España de un régimen de franquicia del IVA.

La medida permitiría que muchos pequeños negocios y profesionales con una facturación limitada dejaran de repercutir, declarar y liquidar este impuesto, siguiendo un modelo ya existente en numerosos países europeos.

La propuesta establecía un umbral de hasta 85.000 euros anuales de facturación para poder acogerse al sistema.

De haberse aprobado, miles de pequeños negocios habrían reducido notablemente sus obligaciones fiscales y administrativas.

Reducir problemas en la regularización de cuotas y evitar sobrecotización

La reforma también incorporaba modificaciones en el sistema de cotización por rendimientos reales.

El objetivo era reducir los problemas que se están produciendo en las regularizaciones, acortar los plazos de ajuste y evitar situaciones de sobrecotización prolongada.

Asimismo, contemplaba mejoras para los autónomos en pluriactividad y mecanismos para dar mayor seguridad jurídica cuando Hacienda modifica posteriormente los rendimientos declarados.

Un 10% de contratos públicos reservado para autónomos y microempresas

También había medidas para mejorar la contratación pública.

Junts proponía reservar cada año al menos un 10% del importe adjudicado en contratos públicos de obras, servicios y suministros para autónomos y microempresas.

La iniciativa pretendía combatir una situación que las organizaciones empresariales denuncian desde hace años: la dificultad de los pequeños negocios para competir frente a grandes compañías en licitaciones públicas. La medida se apoyaba en la división obligatoria de contratos en lotes más pequeños y procedimientos simplificados.

Más medidas de conciliación y protección social

La reforma también incluía otras mejoras relacionadas con la protección social.

Entre ellas figuraban medidas para favorecer la reincorporación progresiva tras el nacimiento de hijos, cambios en la corresponsabilidad del cuidado del lactante y ajustes en diferentes prestaciones vinculadas a la Seguridad Social.

En conjunto, el texto pretendía configurar una reforma integral del trabajo autónomo con un alcance mucho más amplio que la mera modificación del cese de actividad.

ATA denuncia que el cese de actividad para autónomos sigue sin funcionar

La reacción más contundente al veto ha llegado desde ATA.

Su presidente, Lorenzo Amor, publicó un escueto pero significativo mensaje en redes sociales: “No tienen vergüenza” La organización lleva años denunciando que el actual sistema de cese de actividad es excesivamente restrictivo y no cumple la función para la que fue creado.

Aunque los autónomos cotizan obligatoriamente por esta cobertura, la mayoría de quienes solicitan la prestación continúan encontrando enormes dificultades para acceder a ella.

Según los datos que viene manejando el sector, alrededor del 60% de las solicitudes son rechazadas, una cifra que ATA considera incompatible con la finalidad de protección que debería tener esta prestación.

Precisamente por ello, la federación ha reclamado reiteradamente que el sistema se acerque al modelo existente para los trabajadores asalariados, donde el cierre efectivo de la actividad o la pérdida del empleo permiten acceder a la protección sin necesidad de superar complejos procedimientos probatorios.

Además del cese de actividad, ATA también ha defendido durante los últimos años otras medidas similares a las incluidas en la proposición de Junts, como una mayor participación de los autónomos en la contratación pública, la reducción de cargas burocráticas, mejoras en las cotizaciones y una fiscalidad más favorable para los pequeños negocios.

Fuente; autonomosyemprendedor.es