Alicante, 7 de Noviembre, 2018.
La jurisprudencia del alto tribunal indigna a las asociaciones de clientes y afectados y la achacan a los vínculos de los jueces con la banca
Las asociaciones de consumidores recibieron la decisión del Supremo de achacar a los clientes los gastos de las hipotecas con indignación e incredulidad. Mientras Facua definía el cambio de decisión del alto tribunal como de “aberración” y de “giro jurisprudencial”, la asociación de consumidores OCU se decantaba por tachar la situación de “inaudita” y “bochornosa”.
Independencia cuestionada
Los consumidores consideran que la posición tomada por el Tribunal Supremo supone perjudicar directamente los intereses de más de 12 millones de familias en España y “pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad”.
A favor de los bancos
El portavoz de Facua Rubén Sánchez reconoció que en el seno de la asociación de consumidores “no se descartaba” la posibilidad de una decisión similar, habida cuenta que el mismo tribunal había tomado claramente partido por los bancos en el caso de las cláusulas suelo, después enmendado por la Justicia europea.
“Esperaremos a ver como se pronuncia Europa”, afirmó Isabel Pons, coordinadora de la asociación Adicae. “No consideraremos que es un caso perdido”, añadió, y recordó que las auditorías sobre la salud financiera de la banca indican que era capaz de asumir los costes del impuesto sin problemas, informa ACN.
Petición de dimisiones
En opinión de Enrique García, de la OCU, “habrá que ver ahora de que manera se justifica una decisión injustificable”, que invita a pedir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala Tercera, Luis Miguel Díaz Picazo, por un “espectáculo lamentable” que al “desdecir una sentencia firme” causa una indudable inseguridad jurídica.
Las organizaciones de consumidores confían en que el Tribunal de Justicia Europeo corrija esta sentencia y aplique la ley, aunque reconocen que esto “ya no estará en manos de los consumidores”. Dado que el impuesto afecta a los clientes, la OCU reiteró su petición de que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sea eliminado, al tratarse de un “impuesto injusto”.
La OCU considera que el Supremo ha tomado “una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España”. La sensación es que los miembros del alto tribunal no han actuado con la independencia debida en una decisión final “que se ha visto doblegada por los intereses económicos de la banca en perjuicio de los millones de familias hipotecadas”. “Hoy la banca gana y pierden los consumidores y toda la sociedad”, añadieron.
Supresión del impuesto
En previsión de que las causas interpuestas queden paralizadas, el campo de juego de las reclamaciones se trasladará previsiblemente a la petición de que sea anulado el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al suponer en la práctica un sobreprecio que encarece una operación financiera vital para las familias.
Otras causas abiertas
La OCU tiene abierta una campaña para recuperar las cantidades pagadas de más, que a partir de ahora se circunscribirán a cláusulas consideradas abusivas, como la cláusula suelo, las vinculadas al uso del IRPH como referencia, o las hipotecas multidivisa.
Reclamaciones por cláusulas abusivas
Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es, señaló que “el peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado”, aunque “los consumidores pueden seguir reclamando en los juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, incluyendo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, apoyando su reclamación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado que los efectos de la abusividad no se pueden moderar ni integrar”. En opinión de Salamanca, compartida por los bufetes de abogados acostumbrados a pleitear contra los bancos, “una cláusula abusiva que se declara nula no puede beneficiar a las entidades, la nulidad tiene un efecto disuasorio e implica reponer al consumidor en la situación en que se encontraría si la cláusula no existe, restituyendo la totalidad de lo pagado en cumplimiento de la misma”.
Contaminación de la Justicia
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, tilo de “indignante” la rectificación del Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la “presión del lobi financiero e inmobiliario”. En declaraciones a Efe, Delgado ha considerado que este cambio de criterio es un “reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros”.
Fuente; elperiodico.com