Alicante, 21-04-2023.
- Advierte de fraccionamiento de contratos, irregularidades e inseguridad jurídica
El número de contratos a dedo se multiplica en las comunidades autónomas ante la falta de control. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente pero que está adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, alerta en su último informe de que “es abrumadora la presencia de la contratación menor atendiendo al número de expedientes en términos absolutos”.
En el informe, remitido a la Comisión Europea se asegura que “las principales irregularidades son las asociadas al fraccionamiento en la contratación, incluyendo la concatenación de contratos, fundamentalmente en la contratación menor, y su utilización indebida, eludiendo la aplicación de procedimientos de adjudicación que fomenten la publicidad y la concurrencia”.
Hacienda advierte en esta misma línea que la falta de control, los procedimientos de adjudicación erróneos, la incorrecta aplicación presupuestaria y la adjudicación directa generan, además, inseguridad jurídica. Desde OIReScon resaltan que las cuestiones que más incertidumbre están ocasionando son “las relacionadas con la fase de ejecución y cumplimiento del contrato”, ya que no hay información al respecto. En general, no es fácil acceder a los expedientes de contratación y tampoco hay un patrón de uniformidad para los datos, siendo los formatos distintos, lo que impide llevar un control exacto de los contratos menores que han repartidos las comunidades autónomas.
Errores continuos
Esto, según apunta OIReScon va en contra del principio de Transparencia en la contratación pública. “Siguen persistiendo las dificultades ya identificadas en los anteriores informes, que impiden poder ofrecer una imagen completa de la contratación pública tanto cuantitativa como cualitativamente”, explica el documento.
El organismo, que lleva advirtiendo de esta situación desde 2019 sin que se tomen medidas, asegura incluso que “en ciertos casos se aprecian divergencias entre los importes reflejados en la Plataforma de Contratación y los contenidos en los Pliegos que regían en cada licitación, en algunas ocasiones por no desglosar correctamente el IVA o confundir los conceptos que lo incluyen o no“.
“Siguen existiendo limitaciones importantes que dificultan la realización de un análisis global. Estas limitaciones suelen referirse, bien a que no todos los contratos se tramitan internamente por el gestor de forma electrónica, incluyendo su fiscalización e intervención, bien por la imposibilidad de exportar los datos requeridos”, alega el organismo.
No obstante, el OIReScon no ha sido el único organismo que se ha hecho eco de este problema. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha advertido asimismo que es necesario “integrar las compras y adquisiciones de una entidad con los fines y objetivos de ésta”. Y la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) añade “la necesidad del refuerzo de la fase preparatoria de los expedientes de contratación, así como del seguimiento de la ejecución del contrato”.
El problema, como ya adelantó este periódico, no está sin embargo solo en la contratación de las comunidades autónomas, sino también en la Administración central. Desde que comenzó la legislatura de Pedro Sánchez, los ministerios han repartido seis de cada diez contratos a dedo, un dato bastante elevado. Son adjudicaciones menores pero que, en muchos casos, se quedan al limite de la licitación, incluso a solo un euro. Y muchos de ellos, además, se repiten, lo que indica que puede haber habido un fraccionamiento.
Contratos de emergencia
Pero las irregularidades no están solo en los contratos menores, sino también en la emergencia, una herramienta que creció a raíz de la pandemia. Solo durante el año 2020 se formalizaron un total de 22.379 contratos de este tipo y el problema es que carecen de los controles previos, lo que ha derivado en dificultades a la hora de verificar los datos.
“En los contratos de emergencia como consecuencia del Covid-19, se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato y la información que debe constar en el correspondiente anuncio”, declara ahora el organismo OIReScon.
Fuente; eleconomista.es