Alicante, 19-06-2023.
- Escrivá obliga al 43% de los que cobraron la ayuda a devolver dinero
- Al 16% de los beneficiaros les quitó la ayuda y exigió pagar 2.500 euros
- Las familias se ven obligadas a rechazar trabajos para evitarlo
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha pasado de ser el pilar del “escudo social” lanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia a convertirse en uno de sus grandes quebraderos de cabeza. La opinión de la AIReF, que reduce a 284.000 los hogares que los recibieron en 2022, el 35% de los potenciales usuarios, se suma a una larga lista de varapalos recibidos por la medida impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La norma se planteó como la alternativa a la Renta Básica Universal que reclamaba Unidas Podemos. Pero los resultados no parecen convencer ni a economistas ni a sus propios beneficiarios.
Aparte de los problemas y restricciones para percibirlo, una de las críticas recurrentes es la falta de datos aportados por Escrivá en lo relativo a la situación económica y laboral de los que lo perciben. Algo fundamental para determinar si el IMV es una herramienta eficaz para ayudar a estas personas a salir de la pobreza definitivamente gracias a haber logrado un buen empleo, o solo es un ‘parche’ temporal.
El objetivo de Escrivá no era tanto cumplir la demanda de sus socios de Gobierno como resolver el principal déficit en la protección social en España, señalado recurrentemente por la Unión Europea: que el grueso de ayudas estatales está vinculado a la cotización por haber trabajado, lo cual, en la práctica, las convierte en un ‘seguro’ para los que han perdido su empleo hace poco (o acumulan largas carreras de cotización), pero deja atrás al resto. El IMV resolvía este ‘gap’ ligando el derecho a percibirlo a la situación de vulnerabilidad económica de los beneficiarios y sus familias.
Aunque de esta forma se veía obligada a afrontar el desafío de la ‘trampa de la pobreza’: que una ayuda económica acabe retroalimentando el mismo problema que pretende remediar. Y en este apartado, los resultados siguen lejos de ser concluyentes.
La razón está en las deficiencias a la hora de compatibilidad entre el IMV y el empleo. En primer lugar, a diferencia de la prestación o subsidio por desempleo, el Ingreso no contempla una sanción por rechazar una oferta de trabajo. Por otro lado, permite compatibilizarlo con un empleo, pero sin ganancia neta: las rentas del trabajo se restan de la prestación para que el perceptor siga cobrando lo mismo: el denominado mínimo garantizado (entre 6.784,44 y 16.418,52 euros al año en 2022, según el tipo de hogar).
Además, el ajuste no es automático: se revisa en la Declaración de la Renta, un año después. Esto abre la puerta a que una persona puede cobrar “de más” un año y al siguiente, al perder su empleo, encontrarse con un recorte o incluso retirada retroactiva en la prestación. Según la AIReF el 43% de los beneficiarios se han visto en esta situación.
Inseguridad por las reclamaciones
Según el auditor público, los hogares beneficiarios del IMV reciben en media el 97% de sus ingresos de dos fuentes: las rentas del trabajo y las prestaciones públicas, una información que está disponible para la Seguridad Social con frecuencia mensual. Sin embargo, las revisiones no se producen hasta el año siguiente, cuando están disponibles los datos de renta de la Agencia Tributaria. Este retraso lleva a que en 2022 el 83% de los beneficiarios se encontró con una revisión de su nómina del IMV. Un 40% recibió una ‘buena’ noticia: se les había pagado de menos. Pero al 43% se les reclamaron cobros indebidos.
Entre estos últimos destacan los 47.932 hogares, el 16% del total, a los que se les retiró el Ingreso y además se les reclamó la devolución de una cantidad de 2.500 d euros de media. A otro 27% solo se le redujo, pero no se libraron de las reclamaciones, en su caso de 1.000 euros de media.
Para complicarlo aún más, el desincentivo no solo se limita al titular, sino que se amplía para las personas que conviven con él y forma parte de su unidad familiar. Esto lleva a muchos de sus 1,8 millones de beneficiarios a aceptar trabajos parciales o incluso a rechazarlos para no correr este riesgo.
La AIReF señala a la sorprendente opacidad interna de la Seguridad Social con sus propios datos, que impide llevar un control mensual y rápido de cualquier desajuste, lo que hace que ya no solo solicitar el IMV, sino cobrarlo sea un problema para los propios beneficiarios, obligados a rechazar empleos para no ser ‘multados’ un año después.
Trampa de la pobreza
Con ello, el beneficiario se encuentra ante una auténtica “trampa de la pobreza” en la que la ayuda no incentiva la búsqueda de empleo como un “peldaño” desde el que mejorar su situación económica y laboral. Más bien al contrario. De hecho, según la AIReF, el 38% del colectivo de beneficiarios que comienzan a percibir el IMV en 2020 y percibían salarios en 2019, dejó de hacerlo tras empezar a percibir la ayuda. Solo un 9% se encuentra en la situación inversa.
El Gobierno es muy consciente de esta situación y en enero de este año amplió la compatibilidad entre trabajo e IMV. Con ello, se permiten cobrar sueldos más a altos sin recorte de la prestación, lo que eleva el “mínimo garantizado”. ¿Pero es suficiente?
El director Ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, analizó la corrección hace unos meses y advirtió que la duración del incentivo no garantizaba salir de la ‘trampa’ a los beneficiarios más vulnerables.
Su argumento era que transcurrido el plazo de dos años se vuelve a la situación de partida. “En muchos casos, esto podría ser suficiente para que el beneficiario llegue a obtener rentas del trabajo por encima del mínimo garantizado, saliendo así de la potencial trampa de la pobreza, pero en caso contrario no existiría un incentivo para seguir trabajando más allá de dos años”, advertía de la Fuente.
En su informe, la AIReF no es tan crítica, aunque reconoce que faltan datos para evaluar si la situación se ha corregido, debido al decalaje de un año entre la generación del derecho a cobro y su percepción efectiva. Aunque su análisis aventura que los hogares potencialmente elegibles “probablemente exhiban escasa capacidad de suavizar el consumo a lo largo de su vida”. Es decir, tienen menos margen para hacer equilibrios entre sus ingresos y sus gastos para poder seguir percibiendo la ayuda.
Fuente; eleconomista.es