Alicante, 5-02-2024.
- Tiene cinco meses para reclamar a Bruselas los fondos estructurales del periodo 2014-2020
- El 14% de la financiación pendiente, unos 4.000 millones, se corresponden con el sector agrícola
La partida de fondos estructurales europeos destinada a España para el anterior periodo presupuestario de la UE, entre 2014 y 2020, está en el tiempo de descuento. El Gobierno español cuenta tan solo con cinco meses para reclamar los casi 30.000 millones de euros restantes de fondos asignados desde Bruselas si no quiere perder el acceso a esta financiación cuando se cumpla el plazo en julio. Y un 14% de esta dotación económica se corresponde con fondos agrícolas.
El informe hecho público por la Comisión Europea sobre los fondos estructurales, que comprende desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023, refleja que España es el país menos avanzado en la ejecución de esta financiación. Si bien el Gobierno ha acelerado la selección de proyectos en este plazo y la ejecución aumentó un 20%, España solo ha gastado el 63% de los fondos disponibles, y le restan algo menos de 28.000 millones de euros por solicitar del anterior periodo presupuestario.
La dificultad de los países para asimilar la cantidad de fondos procedentes de Bruselas se hace patente. No se trata solo de los fondos estructurales, sino que las elevadas cuantías del Plan de Recuperación, para aupar la economía tras la pandemia, complica la absorción de financiación y su traslación a la economía real. Y evidencia de ello es que Italia, el mayor beneficiario de fondos Next Generation, se sitúa justo detrás de España en la lista de países con peor ejecución de fondos estructurales del anterior periodo presupuestario. Ha gastado un 70% de su asignación según el informe de la Comisión Europea, seguida por el 73% de Dinamarca o el 76% de Eslovaquia.
Los fondos estructurales abarcan varias partidas: los programas de Cohesión, el fondo agrícola y para el desarrollo rural, el fondo marítimo y de pesca, el fondo social europeo y el fondo de desarrollo regional. Es así que, según los datos del Ejecutivo comunitario, a finales de 2023, España había pedido el 72% de la partida de fondos regionales, la principal partida de los fondos de Cohesión. Una proporción que se sitúa, en todo caso, por debajo de la media comunitaria, del 82%.
Con las protestas del campo copando la actualidad en las últimas semanas y llenando las calles de protestas en las principales ciudades europeas, resulta interesante ver que España aún tiene por gastar 4.000 millones de euros de fondos agrícolas, considerando que la dotación total para 2014-2020 supera los 16.000 millones de euros.
España es, no obstante, uno de los mayores beneficiarios de fondos estructurales europeos del anterior periodo presupuestario. Los 75.000 millones asignados a Madrid solo son superados por los cerca de 111.500 millones de Polonia y los más de 93.500 millones de euros de Italia. La proporción, sin embargo, varia respecto a las referencias comunitarias y las mayores asignaciones provienen del fondo de desarrollo regional, con casi la mitad de la financiación, y el fondo agrícola.
En el caso de la financiación al amparo del fondo marítimo y de pesca, España ha utilizado poco más de un 65% de la asignación pendiente de 2014-2020. La cifra desciende al 60% en lo que se refiere a la partida del fondo social europeo. No obstante, el mejor desempeño lo muestra la iniciativa de empleo juvenil, con más del 80% de los fondos ya reclamados por el Ejecutivo español.
Según ha informado la Comisión Europea los países tenían como límite hasta finales de 2023 para utilizar la financiación disponible al amparo de los programas de fondos estructurales de 2014 a 2020. Más allá del periodo que comprende, siempre existe cierto plazo adicional, y en este caso los países tenían de plazo hasta finales de julio de 2024 para reclamar la financiación que haya sido utilizada en los proyectos hasta finales de 2023. Por tanto, julio de 2024 es el primer límite para el cierre del periodo 2014-2020, y los fondos no reclamados a la Comisión antes de esa fecha podrían ser perdidos por los Estados miembros.
La mayor parte de estos fondos utilizados por España hasta la fecha han ido a parar impulsar la resiliencia y reparar las crisis. Se ha dedicado algo menos de dotación económica a impulsar la innovación y el desarrollo, a la calidad del empleo, a la inclusión social, a formación. Disminuye la cuantía asignada a las economías bajas en carbono o a la competitividad.
No obstante, este plazo podría verse modificado. La Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europea (STEP) la UE, que se enmarca en la revisión del presupuesto plurianual, podría ampliar el plazo límite de para acceder a esta financiación hasta finales de 2025. El plan al que dio luz el pasado año Bruselas para mejorar la competitividad comunitaria recibió el visto bueno, la pasada semana, por parte de los líderes de los Veintisiete. Su adopción final depende todavía del apoyo de la Eurocámara. Pero todo apunta a que la revisión presupuestaria saldrá adelante y que abrirá la puerta a que los países puedan presentar los documentos de cierre de fondos estructurales en febrero de 2026.
De las cifras a proyectos prácticos
Los fondos estructurales se han utilizado para financiar iniciativas como la respuesta al COVID-19. En Italia y España, gran parte de la campaña de vacunación fue cofinanciada por fondos de Cohesión, con más de 2.500 millones de euros para garantizar las dosis de vacunas para proteger a toda la población de los dos países. Otro ejemplo de esta financiación se puede apreciar en el proyecto PuertAlMar, del puerto de Vigo, en la que se persigue el objetivo de restaurar los ecosistemas marinos de la zona portuaria. Al amparo de esta iniciativa, se han probado en el puerto materiales biomiméticos y se ha conseguido restaurar ecosistemas. También ha ayudado al Instituto Valenciano de Finanzas a crear una línea de préstamos participativos para empresas incipientes.
Fuente; eleconomista.es