Alicante, 12-09-2025.

Al no hacerlo, cada año aumenta la presión fiscal sobre el colectivo, según el defensor del contribuyente

Hacienda habría “ocultado voluntariamente”, según el fiscalista Esaú Alarcón, un informe oficial que recomendaba aumentar las deducciones en la RENTA para que los autónomos y demás contribuyentes no pierdan poder adquisitivo por la inflación.

La inflación lleva años socavando el poder adquisitivo de los autónomos de muchas formas. Además del aumento de costes, la negativa del Gobierno a deflactar las tarifas del IRPF estaría aumentando ejercicio tras ejercicio la presión fiscal sobre los contribuyentes. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, aunque suban sus precios para no perder poder adquisitivo, saltarían de tramo por lo que acabarían pagando más impuestos.

Economistas, asociaciones empresariales y de trabajadores por cuenta propia como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) habían denunciado estos efectos perversos en el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia pero ahora sabemos que los propios técnicos de Hacienda también señalaron este problema, aunque desde el Ministerio se habría tratado de silenciar.

Tras una petición a Transparencia y meses de espera, todos los ciudadanos pueden acceder por fin al documento que califica como “incontestable” que no deflactar las cuantías de las reducciones, deducciones, gastos deducibles, tarifas y coeficientes “comporta un incremento efectivo de la presión tributaria que, además, afecta de forma más incisiva a las personas menos pudientes”.

El Gobierno impidió que los contribuyentes tuvieran acceso al informe que propone ajustar los impuestos a la inflación

Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha hecho públicas todas las propuestas elaboradas en 2024 por el Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC) que hasta ahora no se podían consultar.

Entre ellos hay una especialmente relevante “sobre la adecuación de cuantías monetarias” que reclama revisar tarifas, deducciones y mínimos exentos para ajustarlos a la inflación y evitar la llamada “progresividad en frío”.

La existencia de este documento se conoció gracias al fiscalista Esaú Alarcón, socio del despacho barcelonés Gibernau, que lo solicitó al Ministerio a través del Portal de Transparencia. Este abogado buscaba otro estudio sobre un asunto que afectaba a sus clientes y, al recibir la documentación, descubrió que existían más informes que no se habían dado a conocer, como el que recomendaba aclarar las deducciones para los autónomos que este medio publicó en primicia.

El letrado resaltó que este dictamen se habría mantenido oculto “de forma absolutamente voluntaria y a sabiendas de su importancia”. Alarcón señaló también que “la decisión sobre la publicación de informes corresponde al Ministerio de Hacienda”, aclarando que “el Consejo para la Defensa del Contribuyente no tiene ninguna culpa en que se publique o no”.

Hasta hace poco, el informe que proponía deflactar el IRPF no aparecía en el portal que depende de Hacienda.

El análisis de los técnicos de Hacienda evidencia el impacto de la inflación en el bolsillo de los autónomos

El Informe III/2024 parte del caso de una contribuyente que perdió la reducción por sostenimiento de ascendientes debido a que “desde que se aprobó, en 2006, esa cifra, 8.000 euros, no se ha modificado”

La subida de las pensiones de su madre, de 95 años, le impidió aplicarse la deducción y elevó su cuota tributaria pese a tener más gastos reales.

La investigación de los técnicos de Hacienda reconoce que “este desajuste entre las cuantías monetarias que aparecen en un buen número de elementos de cuantificación de los tributos –reducciones, deducciones, gastos deducibles, tarifas, coeficientes…– ha generado lo que se conoce como ‘progresividad en frío’” y que hace muchos años que no se revisan “de manera sistemática y general encaminada a adecuarlas al coste real de la vida y a la capacidad adquisitiva efectiva de los contribuyentes”.

Esaú Alarcón resaltó que la importancia de esta evaluación está en que “personas versadas en Hacienda Pública y Derecho Tributario pertenecientes a un organismo que está incardinado en el Ministerio de Hacienda sean quienes mantengan que el IRPF debería ajustarse a la inflación y que en realidad no ajustar las tarifas genera una tributación más elevada para los contribuyentes que tienen menos ingresos”.

El CDC reconoce que cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 6,55% en 2021, y en el 5,71% en el 2022, se multiplicaron las quejas ciudadanas.

Como ejemplo, toma “el límite máximo de rentas a percibir por el ascendiente que convive con el contribuyente” y calcula que, si se actualizara solo con la inflación de los dos últimos años, habría debido situarse “en casi 9.000 euros (8.824 euros)”; y si se considera la inflación acumulada desde 2006 “11.072 euros”.

En otro punto, señala que “la adecuación del mínimo exento individual, de 5.550 euros, establecido también en 2006, a la pérdida de valor que el dinero ha experimentado desde entonces comportaría que esa cuantía se elevase hoy en día a 7.681 euros. En definitiva, un incremento cercano al 30%”.

El trabajo técnico va más allá y advierte de que hay “casos más flagrantes” como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyas tarifas y tablas por patrimonio “no han sido objeto de adecuación a la inflación desde su aprobación, hace más de 35 años”.

En términos de equidad, el documento es explícito al exponer que “es matemáticamente incontestable que no deflactar estas cuantías comporta un incremento efectivo de la presión tributaria que, además, afecta de forma más incisiva a las personas menos pudientes”. 

Al fin y al cabo, tal y como manifestó el experto fiscalista y como se lee en el propio dictamen elaborado por el Defensor del Contribuyente, “la inflación es el impuesto de los pobres”.

Este fenómeno afecta de forma especial a los autónomos, que ven cómo sus deducciones y mínimos exentos se quedan obsoletos mientras sus ingresos reales pierden poder adquisitivo. Además, la desaparición de los coeficientes de actualización para ganancias patrimoniales agrava la carga fiscal sobre rentas meramente nominales.

Propuestas para defender a los autónomos de los efectos de la inflación en los impuestos

El Consejo para la Defensa del Contribuyente propone que, “sin pretender una indexación automática de todas esas cuantías –tal y como sucede, por ejemplo, en Bélgica y en EE. UU.– sí parece oportuno que se evalúe una revisión puntual de las mismas”.

Además, pide que se aproveche esa revisión para redondear cifras y simplificar la normativa porque “la simplicidad, la claridad –lo que se viene denominando better regulation– también son valores que deberían inspirar la formalización de los elementos cuantitativos de los tributos”.

El análisis también admite que deflactar los impuestos tendría “un considerable coste recaudatorio”, pero insiste en que la situación actual “penaliza comparativamente en mayor medida a las personas más desfavorecidas”.

El informe concluye que corresponde al Gobierno y a las Cortes tomar esta decisión, pero reclama, al menos, una evaluación puntual y sistemática de las cuantías porque lo contrario no sería “muy razonable”. Para Alarcón, el hecho de que un organismo dependiente de Hacienda reconozca estos efectos es “brutal”.

Fuente; autonomosyemprendedor.es