Alicante, 26-06-2025.
A partir de este verano, los bancos deberán informar a Hacienda de todos los pagos que reciban autónomos y empresas, sean estos del importe que sean. Con este cambio, la Agencia Tributaria modifica el mínimo para operaciones superiores a los 3.000 euros tras el último cambio normativo y extiende el control a todas las transferencias, sin excepciones.
El objetivo oficial es reforzar la lucha contra el fraude fiscal, pero para muchos profesionales supone un paso más en el escrutinio constante de sus movimientos bancarios.
Trazabilidad absoluta
Está previsto que el cambio entre en vigor este próximo julio, y se enmarca en una serie de medidas que amplían la capacidad de vigilancia de la Agencia Tributaria.
Por ello, no solo se aplicará a transferencias bancarias tradicionales, sino también a cobros realizados a través de Bizum, TPV o plataformas de pagos online.
El nuevo sistema permitirá a Hacienda cruzar automáticamente los ingresos con las declaraciones fiscales de cada autónomo o sociedad, detectando posibles discrepancias incluso en operaciones menores. Esto pone sobre la mesa una nueva obligación implícita: mantener orden y trazabilidad absoluta en todas las transacciones, por pequeñas que sean.
Todos los movimientos
Hasta la fecha, el umbral de los 3.000 euros servía como barrera frente a un control excesivo de los pequeños ingresos o aquellos ocasionales de menor cuantía. Sin embargo, a partir de ahora cualquier transferencia puede ser monitorizada, y la frecuencia con que se repitan ciertos patrones (por ejemplo, ingresos regulares de 200 o 300 euros con concepto ambiguo) podría bastar para activar una inspección.
La medida afecta tanto a negocios individuales como a microempresas, y puede suponer un reto especialmente significativo para quienes usan una única cuenta para su actividad profesional y su vida personal.
La recomendación más extendida entre asesorías es clara: conviene mantener cuentas separadas, cuidar el lenguaje de los conceptos en cada movimiento bancario y conservar justificantes de pagos y cobros.
La medida no introduce nuevas sanciones automáticas, pero sí multiplica la probabilidad de recibir un requerimiento si Hacienda detecta incoherencias entre los datos bancarios y las declaraciones trimestrales o anuales.
Este tipo de control masivo se apoya en tecnologías de análisis automático que identifican patrones sospechosos sin necesidad de intervención humana directa, lo que también puede dar lugar a errores si no se contextualizan bien ciertos ingresos.
Se esperan críticas
El Ministerio de Hacienda defiende esta medida como parte de su estrategia para reducir la economía sumergida, pero lo cierto es que añade una nueva capa de presión para quienes ya lidian con un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Para muchos pequeños negocios, el problema no es tanto que se fiscalicen los pagos, sino que se haga sin advertencias claras ni plazos de adaptación razonables. La medida podría tener efectos colaterales, como un uso más prudente de sistemas como Bizum o una reducción de los ingresos declarados por miedo a interpretaciones erróneas.
Este movimiento encaja en una tendencia más amplia hacia el control digitalizado de la actividad económica. A ello se suman otras iniciativas como el sistema Verifactu, que obligará a emitir facturas electrónicas con formato verificado a partir de 2026, o la limitación de los pagos en efectivo en determinadas operaciones.
Todo apunta a un escenario donde la trazabilidad total de los ingresos será la norma, no la excepción. Para los autónomos y pequeñas empresas, esto refuerza la necesidad de profesionalizar su gestión financiera, aunque eso suponga costes añadidos en tiempo, asesoramiento o herramientas.
Lejos de ser una medida puntual, el fin del umbral de 3.000 euros puede leerse como un síntoma de un cambio de paradigma: Hacienda ya no solo mira las grandes cifras, sino también el detalle.
Fuente; pymesyautonomos.com
