Alicante, 5-12-2025
El Gobierno ha confirmado el aplazamiento de Verifactu, el sistema de verificación de facturas electrónicas, que pasa a ser obligatorio en 2027:
- Para empresas que tributan por Impuesto de Sociedades, el 1 de enero de 2027.
- Para pymes y autónomos, el 1 de julio de 2027.
La noticia modifica el calendario anunciado para 2026, que parecía definitivo, y llega cuando muchas compañías ya habían completado o iniciado la adaptación. El resultado ha sido una oleada de reacciones cruzadas, que ven en este giro una mezcla de alivio operativo y preocupación por la creciente inseguridad jurídica.
Qué es Verifactu (explicación breve)
Verifactu es el nuevo sistema de facturación que obligará a empresas y autónomos a utilizar software certificado capaz de garantizar la integridad, trazabilidad y envío automático de datos relevantes a la Agencia Tributaria. El objetivo es combatir el fraude y modernizar los procesos contables.
La medida ha sido recibida por muchos como un “respiro”, especialmente para pequeñas empresas que pedían más tiempo para adaptarse. Sin embargo, una parte significativa de los empresarios muestra desconcierto ante un cambio anunciado apenas un mes antes de la primera fecha obligatoria.
De igual modo, voces del sector apuntan a un problema más profundo: la falta de estabilidad normativa. Ayer, LinkedIn ardía entre publicaciones que apuntaban al daño técnico y reputacional de la decisión.
Javier Meizoso, director de Legalpin, señalaba que muchas compañías habían invertido recursos siguiendo un calendario “presentado como firme”. Meizoso alerta de que decisiones así erosionan la confianza, especialmente en un país donde la inversión extranjera ha caído más de un 60 % en la primera mitad de 2025.
Entre los muchos análisis, se sumaba el de Andrés Karp, quien se atreve a poner cifras aproximadas sobre el impacto: alrededor de un millón de pymes ya estaban en proceso de implantación, con un coste medio que sitúa entre 1.000 y 2.000 euros por empresa. Eso supondría entre 1.000 y 2.030 millones de euros ya desembolsados, ahora en el aire. Su mensaje es claro: la digitalización es imprescindible, pero sin un calendario estable, el coste siempre recae en quienes menos margen tienen para absorberlo.
No seguir posponiendo
Destaca la reflexión del gestor fiscal Marc Domínguez que advierte del “efecto arrastre” de cada retraso: más procrastinación dentro de las empresas, menor percepción de riesgo ante el incumplimiento y un escenario donde el día de la implantación real podría convertirse en un colapso técnico.
Además, recuerda que la obligación sigue vigente y que la postergación no supone una amnistía: las sanciones continúan.
En pocas palabras, este nuevo aplazamiento ofrece margen, pero también un riesgo evidente: que muchas pymes vuelvan a posponer la adaptación. Sin embargo, el consenso entre asesorías y especialistas es que conviene no deshacer lo ya avanzado y mantener un ritmo razonable de implantación tecnológica.
Según El Economista, Hacienda seguirá desarrollando el sistema y ajustará las pruebas técnicas para evitar un colapso cuando llegue el momento de obligatoriedad. Las empresas que iban retrasadas tienen una nueva oportunidad de ponerse al día; para el resto, la mayoría de los medios y analistas están de acuerdo: que sigan adelante y no lo pospongan.
Fuente; pymesyautonomos.com
